Piñera privatiza cuatro compañías de agua potable

Chile vende las participaciones minoritarias que aún tenía en empresas del sector; busca US$ 1600 millones para apoyar pymes y otras firmas estatales

SANTIAGO.- El presidente Sebastián Piñera decidió vender la participación del Estado de Chile en las cuatro grandes sanitarias del país, con el fin de inyectar capital a pymes y a otras empresas públicas. Los recursos estimados de la privatización ascenderían a unos US$ 1600 millones según estimaciones de mercado.

Las estatales en las cuales el Estado chileno venderá su participación minoritaria -la cual ejerce a través de la Corporación del Fomento a la Producción (Corfo)- son cuatro. La primera es Aguas Andinas (34,9%), controlada por el grupo español Agbar, el mismo que mantiene (a través de Aguas Andinas) la posición mayoritaria en la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos, (Essal), en la cual el Estado posee un 45,4%, y que sería la otra en venta. La tercera es la Empresa de Obras Sanitarias de Valparaíso (Esval), con un 29,3% estatal, controlada por los canadienses Morcague Holdings Corp. y el fondo de pensiones Ontario Teacher's Pension Plan (OTPP). Y la cuarta es la Empresa de Servicios Sanitarios del Bío Bío (Essbio), con 43,4% estatal, controlada también por el fondo Ontario.

"No hay restricciones a que participen los controladores. Se trata de una venta de acciones y cualquiera puede participar en ella", especificó el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, abriendo la puerta a los grupos españoles y canadienses anteriormente citados. "Los fondos que se recauden producto de las ventas de las sanitarias van a tener dos finalidades: fortalecer los fondos de apoyo a la pequeña y mediana empresa, para hacerlas más competitivas y para que creen más empleos. En segundo lugar, fortalecer las empresas públicas que requieren apoyo para emprender sus proyectos de inversión", explicó.

La medida, filtrada a la prensa chilena, hace algunos días, apuntaba inicialmente a financiar el plan de reconstrucción después del sismo del 27 de febrero, tal como lo adelantó el propio Piñera poco después de asumir el gobierno. Pero sólo 24 horas después, los ministros de Hacienda y de Economía, Felipe Larraín y Juan Andrés Fontaine, aclararon que los recursos irían a las empresas estatales del transporte, la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) y Metro, el subte de Santiago, además de la estatal del cobre, Codelco, y la petrolera Enap.

Esta semana, también se estableció la posibilidad de financiar las dos nuevas líneas del subte santiaguino, las cuales cubrirán cinco nuevas comunas, con 35 kilómetros de extensión, y cerca de 180 millones de viajes al año.

El vicepresidente de Corfo, Hernán Cheyre, explicó que se está haciendo una selección de distintos bancos de inversión para que se hagan cargo del proceso de venta, el cual estará abierto a extranjeros y sería a través de la bolsa. Sus características de bajo riesgo y gran estabilidad tampoco demandarían road shows . El proceso de venta se extendería entre seis y nueve meses.

Las críticas

Uno de los más críticos de la medida fue el ex presidente, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien coincidentemente fue quien inició la privatización de las sanitarias durante su mandato, con el objetivo de conseguir recursos para la modernización de la infraestructura de los servicios, y autorizó la venta de hasta un 65% de la participación estatal. Desde su venta parcial, en 1998, se han invertido más de US$ 3000 millones en las sanitarias y la cobertura del alcantarillado y tratamiento de aguas es la mayor a nivel regional.

"Es distinto. Hoy es un gran regalo de Pascua. Las empresas sanitarias le reportan al fisco cerca de US$ 100 millones anuales, por lo que quien las compre lo hará con ese flujo de caja", dijo Frei. "Esto es parte de la agenda oculta del gobierno y que tiene que ver con la privatización de las empresas del Estado. La venta de las sanitarias no tiene ninguna justificación", se quejó en tanto el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade.

Otros parlamentarios de la oposición han amenazado con recurrir a la justicia para que sea el Congreso el que vise la eventual venta, acudir al Tribunal Constitucional o incluso presentar un proyecto de ley que obligue a someter la decisión a consulta popular.

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